6. Combatir monopolios

Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el enriquecimiento de unos cuantos privilegiados. En México los grandes monopolios están vinculados al poder político y, sin justificación, encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares, clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a pagar precios exagerados. Los intereses de los monopolios están representados en la oligarquía que domina la vida política y los protege de la competencia. Sus prácticas disminuyen el poder adquisitivo del salario, dañan a la planta productiva, afectan la calidad de vida de las familias y profundizan la desigualdad social.

monopolios en mexico

Propuestas y acciones
1. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas monopólicas.
El esquema actual de combate a los monopolios se basa en el Artículo 28 Constitucional que prohíbe los monopolios y descansa en la LFCE y en la CFC, órgano desconcentrado del Ejecutivo Federal.

La Ley vigente define cuatro áreas de prácticas monopólicas absolutas y por aparte prácticas monopólicas relativas. Las primeras cuatro son prácticas que surgen de acuerdos horizontales entre oferentes para:

  • Fijación de precios.
  • Restricción de producción.
  • División del mercado.
  • Colusión en licitaciones.

Estas prácticas están prohibidas bajo cualquier circunstancia.

La aplicación de la LFCE y la actuación de la CFC están limitadas por un sinnúmero de condiciones. En primer lugar, lo ambiguo de los términos de la Ley para definir prácticas que en cualquier economía competitiva se prohíben al estar definidas como monopolio, abuso del dominio del mercado o monopolización, en México se tratan como prácticas monopólicas relativas. Más aun, la Ley deja a los posibles infractores el recurso de comprobar un argumento de eficiencia, con lo cual salvan los efectos de la Ley.

Es necesario que tanto la Ley como la CFC contemplen con claridad la necesidad de que en algunos casos de concentración y práctica monopólica, las empresas deben ser obligadas a desintegrarse vertical u horizontalmente como única y última solución a problemas recurrentes de dominio de mercados, exageración de precios o prácticas anticompetitivas. Hasta ahora la CFC ha opinado sobre la conveniencia de una integración o fusión, pero no ha obligado a ninguna empresa a realizar una desintegración mediante la desinversión de activos.

Además de reforzar la estructura legal e institucional actuales, es menester que México comience a actuar en forma explícita sobre el abuso de precios directamente. Precisamente por la experiencia que tenemos con la actual LFCE y la CFC, proponemos que el área de precios se trate por aparte de la actual estructura de competencia y con un carácter muy delimitado y preciso. Esto tiene el objeto de impedir frenos a la acción oportuna en materia de precios a sabiendas de que ya hay alguien ocupado de los asuntos de competencia y de prácticas de oferentes en un sentido amplio.

2. El enfoque sobre precios competitivos
El marco jurídico debe reforzarse con una Ley de Precios Competitivos enfocada principalmente a los casos más notables de precios exagerados con alto impacto nacional, como una vía directa hacia el problema de precios y paralela a otras acciones de combate a las prácticas monopólicas. Esta acción es indispensable para dar verdadera fuerza al fundamento constitucional del artículo 28.

El enfoque directo sobre precios exagerados debe tener su propio ámbito, independiente del ámbito de la LFCE y de la CFC, aunque ambos en el contexto de un régimen comprometido con la competencia. En particular, el enfoque sobre precios debe estar anclado en el análisis económico de costos y precios en sectores económicos.

Para los productores del Estado, al no ser comprendidos en los supuestos del Artículo 28 Constitucional, no se aplica esta Ley, aunque sí se aplica a sus actividades económicas adyacentes o complementarias. En particular en los productores del sector energético, como petróleo, electricidad y gas natural, sería ilusorio pretender una política de competencia y de precios no exagerados de Estado, mientras se mantienen sus actuales criterios que resultan en precios exagerados para varios de sus productos, por lo demás muy importantes para toda la cadena de suministro de la industria.

En este caso nuestra propuesta es que cuando los costos de producción nacional sean inferiores a los precios internacionales competitivos, los precios de venta en México sólo deben incorporar un margen razonable de beneficio, pero de ninguna manera un margen tan amplio para igualar los precios internacionales.

Es decir, bajo un criterio estrictamente económico de que las empresas del Estado deben en su propio ámbito y con viabilidad de largo plazo, coadyuvar al desarrollo de otras industrias y de la economía nacional, el sistema de fijación de precios del sector energético debe cambiar. El cambio debe asegurar la rentabilidad de las empresas como entes productores, pero de ninguna manera maximizar la recaudación de recursos para el Estado vía precios de energéticos que resultan abusivos e inhiben la actividad económica.

La determinación de los mercados relevantes, el grado de concentración o los sectores que deben examinarse para efectos de determinar posible exageración de precios, la hará una Comisión Técnica propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, con suficientes garantías y a la vez responsabilidades que minimicen el riesgo de cualquier posible captura por intereses creados mediante criterios para su selección así como mediante penas severas contra faltas o captura. La metodología a seguir en la determinación de los mercados, la concentración o los precios en el trabajo de esta Comisión debe ser sólida y transparente de tal manera que minimice la discrecionalidad por parte de los funcionarios responsables. De preferencia esta metodología debe ser consistente con la metodología y el análisis económico mundial.

Ante la evidencia de precios abusivos, la autoridad debe ser obligada a autorizar la importación de productos equivalentes, la desregulación de sectores protegidos por cualesquiera otros programas sectoriales, y de ser necesaria la imposición de gravámenes sobre utilidades excedentes. Por lo mismo, los hallazgos y resoluciones de la Comisión a cargo deben tener efectos vinculatorios para otras entidades regulatorias y para el gobierno federal.

Conclusiones
México no tendrá una economía competitiva y por lo tanto no va a crecer y crear empleo y oportunidades en la medida de su potencial, mientras el estado no se comprometa con la competencia como una alta prioridad. Nosotros nos comprometemos y ofrecemos una vía dentro de la Constitución para dar forma a este compromiso. La estructura legal e institucional actual debe reforzarse, pero está muy lejos de cumplir con la función de una estructura que garantiza la competencia y por esta vía la competitividad de toda la economía.

Hay formas de reforzar esta estructura y algunas se están debatiendo y considerando hoy, en el marco de discusión de una nueva Ley de Competencia. Por eso proponemos un enfoque adicional y más directo y transparente sobre los casos flagrantes de exageración de precios en sectores de alto impacto para la economía de los hogares y del país.

 

El documento completo se encuentra aquí.

 

Mexicano, universitario y emprendedor que está en búsqueda de soluciones que, poco a poco, puedan mejorar el mundo. En mi blog comparto reflexiones, críticas y propuestas de lo que leo, veo y escucho.

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