9. El campo y soberanía alimentaria

Salvar al campo para salvar a México
Para restaurar al campo y reanimar a México hay que cambiar radicalmente el curso  antiagrario y anticampesino donde nos metieron los gobiernos neoliberales. De nada sirven los ajustes menores. No se puede dar más tiempo a las políticas antinacionales que llevan más de dos décadas destruyendo nuestros países.

Esta visión no es nostálgica. No es una vuelta atrás, a las prácticas clientelares y la corrupción, que por lo demás persisten. Es una exigencia establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate al campo y a los campesinos. Que revalore como sector viable de la producción, pero también como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral; como base de una socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad; como laboratorio cultural; como matriz de nuestra identidad; como condición de la gobernabilidad democrática.

Mexico-soberano

Hacia una nueva reforma agraria

Con los campesinos, sostenemos que la tierra no es una mercancía. La tierra es la condición que hace posible su trabajo productivo, pero también son sus recursos superficiales y profundos. La tierra es el territorio de las autonomías indias y los autogobiernos negros y mestizos. Pero ante todo, la tierra es raíz, es vida, es cultura. El suelo, junto con el agua, los bosques y la biodiversidad toda; así como los saberes agrícolas, la medicina tradicional y la cultura indígena, son bienes colectivos, son
patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

La tierra es recurso natural y medio para producir, pero también el lugar donde los pueblos tenemos nuestra historia y nuestra cultura. Entonces la Reforma Agraria del tercer milenio no sólo reivindica parcelas para los campesinos como productores, demanda también el reconocimiento de nuestros territorios. CAMPO MX
Por la defensa y reactivación del mercado interno

Ante el fracaso del modelo agroexportador y maquilador, que no ve más que al mercado externo, es necesario -sin darle la espalda- atender de nuevo los mercados locales, regionales y nacionales. Y en lo rural, reactivar e integrar las cadenas productivas, donde la producción se vuelve mercado de la producción, significa impulsar la agricultura pequeña y mediana, así como las agroindustrias, comercializadoras y financieras, asociativas.

Porque las funciones económicas del campo no se miden sólo por el peso del sector agropecuario en el PIB. Si este es pequeño y disminuye no es tanto porque caigan los volúmenes de la producción, como porque decrecen sus precios relativos. Los campesinos cada vez dan más y cada vez reciben menos. Y el sesgo antiagrícola de la economía se profundiza al devaluarse los cereales básicos por importaciones de dumping y depreciarse las materias primas de exportación por sobreoferta inducida y prácticas comerciales monopólicas y especulativas. Pero al caer los precios, se desalienta el cultivo y disminuye físicamente la producción.

El círculo vicioso se origina en un mercado agropecuario mundial asimétrico, politizado y controlado por trasnacionales y grandes potencias, que no tiene nada que ver con el “libre comercio”.  Y romperlo supone decisiones de Estado en el sentido de proteger del comercio desleal y abusivo un sector de la producción que aun en términos económicos pesa más de lo que parece, si tomamos en cuenta los valores reales de las cosechas y su efecto multiplicador horizontal y vertical sobre la industria de insumos y maquinaria, la transformación, los servicios y el comercio.

Recuperar la soberanía y seguridad alimentarias

Un pueblo que no tiene asegurada su alimentación es un pueblo sometido. Es por eso que mediante tratados de libre comercio, exportaciones a precios de dumping y programas de “ayuda alimentaria”, los países poderosos y sus transnacionales están empeñados en una guerra por desmantelar las agriculturas de los países económicamente débiles. Así, la comida se transformó en arma de los imperios; potencias que protegen y subsidian sus agriculturas, mientras a nosotros nos imponen la apertura comercial, arrasando cultivos, arruinando campesinos y poniendo de rodillas a naciones incapaces de emplear a su población y producir sus alimentos.

Por eso junto con los campesinos mexicanos luchamos por la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como el derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente. Y en nuestros países el derecho a la alimentación sólo se garantiza respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal; así como nuestros sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales.

Rechazamos, entonces, la introducción y el uso de organismos genéticamente modificados, tanto por sus impactos en nuestras reservas biológicas y en la salud de los consumidores, como por que remachan la dependencia de los agricultores respecto de las transnacionales productoras de semillas y agroquímicos. Como pueblo de maíz nos agravia particularmente la contaminación de los maíces criollos con transgénicos.

Por los derechos del que migra, pero también por el derecho de no migrar

El campo mexicano se está vaciando. Sin trabajo, sin ingresos y sin futuro, muchos campesinos emprenden el camino de la migración, un peregrinar que ya no es sólo estacional y relativamente cercano, sino distante y con frecuencia definitivo. Algunos gobiernos piensan que es buen negocio exportar ciudadanos a cambio de las “remesas” en dólares que los migrados envían. Esto es una vergüenza.

Para nosotros la emigración forzada por la miseria es un cáncer que deber ser combatido y erradicado antes de que nos destruya como nación. Pero, entre tanto, el éxodo campesino y de otros sectores es un hecho, y debemos reivindicar los derechos humanos y laborales de los migrantes. Derechos sistemáticamente violados, no sólo por gobiernos lejanos como el de Estados Unidos, sino también por el gobierno mexicano, que se comporta frente a los migrantes centroamericanos como policía y cancerbero de los yanquis.

Pero no podemos conformarnos con pelear por una migración con rostro humano. Así como luchamos por el derecho a la alimentación y por la soberanía alimentaria, luchamos también por el derecho al trabajo y por la soberanía laboral. Porque un país que no puede garantizarle a sus ciudadanos un empleo digno y bien remunerado, un país que para sostenerse debe “exportar” a sus jóvenes, un país que vive de los ahorros que su población trasterrada envía de regreso a sus familiares, es un país sin soberanía ni vergüenza.

Por una economía rural popular y solidaria

La economía popular es el modo en que los productores por cuenta propia y los consumidores pobres nos organizamos de manera autogestiva para sobrevivir en el mundo deshumanizado del capital. En la economía popular lo que cuenta no es la ganancia sino la producción de bienes para la satisfacción de necesidades. Acorralada y agredida por las políticas neoliberales y la competencia desleal de los monopolios y de los productos agrícolas subsidiados de los países centrales, la economía autogestiva, popular y campesina, resiste, y en su resistencia prefigura el orden justo y solidario por el que luchamos.

Contra la privatización de la vida

La diversidad biológica, pródiga en México, es nuestra principal herencia y patrimonio. Preservarla y restaurarla, pero también aprovecharla productivamente, es responsabilidad mayor de los campesinos. Por eso rechazamos el establecimiento de patentes sobre códigos genéticos y saberes comunitarios. Los repudiamos porque privatizan la vida, que pasa a ser una mercancía más, y porque nulifican el derecho de las comunidades rurales y campesinas mesoamericanas al usufructo de los recursos genéticos y la biodiversidad. Por eso luchamos por el respeto a los saberes tradicionales que son patrimonio de las comunidades: conocimientos de creación colectiva y disfrute compartido que no deben caer en manos de corporaciones que trafican y especulan con ellos. Por eso repudiamos, también, la privatización del agua dulce, recurso cada vez más contaminado y escaso que es base de todas las formas de vida.

Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad

Para recuperar las raíces de nuestra identidad debemos darle viabilidad económica a la comunidad agraria, sustento mayor de nuestras culturas autóctonas, afroamericanas y mestizas. En el campo están nuestras raíces, y el México urbano perderá irremisiblemente su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Pero no se trata de preservar reliquias arqueológicas, se trata de restaurar la vitalidad socioeconómica del campo como sustento de su vitalidad cultural.

Por el reconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indios 

Durante más de cinco siglos los pueblos originarios del continente americano fuimos oprimidos y humillados casi hasta la extinción. Hoy los indios de Mesoamérica, el corazón étnico del continente, están de pie reclamando todos sus derechos: políticos, socioeconómicos y culturales.

El alzamiento zapatista de Chiapas colocó en primer plano la urgente necesidad de reconocer los derechos autonómicos de los pueblos autóctonos. Lo que significa reconocer su territorio, normas políticas y jurídicas, saberes y prácticas productivas, lenguas y culturas.

La guerra neoliberal contra el campo mexicano (1982-2010)

A partir de 1982, se impuso la política neoliberal a nuestro país por los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de sus grandes corporaciones, con la complicidad de la oligarquía mexicana y los gobiernos priístas y panistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

La política neoliberal es una estrategia de las grandes corporaciones y grupos financieros para detener el proceso de caída de sus ganancias y de estancamiento de las economías de Estados Unidos y demás países desarrollados por medio del control de los mercados, las economías, los sistemas financieros y el petróleo y otros recursos naturales del resto del mundo.

La imposición del modelo neoliberal en México se inscribe en la reestructuración de la economía mundial a partir de la década de los ochenta en función de las necesidades de acumulación del capital financiero, internacional y de las megacorporaciones trasnacionales de los países desarrollados, en el contexto de la llamada tercera revolución industrial (revolución científico-tecnológica impulsada por el desarrollo de la informática, las telecomunicaciones, la transportación y logística masiva de mercancías, las llamadas ciencias de la vida, la nanotecnología, etcétera).

Con el estallido de la crisis de la deuda a principios de los años ochenta, el gobierno mexicano y la élite político-empresarial optaron por ceder a los condicionamientos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda y “salvar” la economía nacional por medio de la apertura comercial, la privatización y desregulación de la economía y el debilitamiento de la rectoría del Estado en la economía y el desarrollo social.

A partir de 1982 nuestro país experimentó un cambio radical de modelo de (sub)desarrollo para asumir la propuesta de Estados Unidos y sus corporaciones con los lineamientos del llamado Consenso de Washington, a saber: a) libre empresa, libre comercio, libertad económica y ventajas comparativas como principios ideológicos de la “nueva economía”; b) reorientación de la economía hacia la exportación en sustitución del mercado interno; c) privatización de las empresas y entidades públicas; d) desregulación de la economía, y e) inversión privada, y extranjera principalmente, como motor del crecimiento económico, en lugar de la inversión pública y el ahorro interno.

Como consecuencia de las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI a México, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) inició un proceso acelerado y unilateral de apertura comercial. Lo anterior, adicionalmente, formó parte de los prerrequisitos exigidos para la adhesión de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), misma que se formalizó en 1986. De esta forma, se determinó sustituir los permisos previos de importación por un sistema de aranceles decrecientes, y en algunos casos se mantuvo un sistema de cuotas de importación.

A pesar de que en las décadas recientes se ha acelerado el éxodo campesino, la población rural en términos absolutos aumenta año con año y se renueva sin cesar. Esto supone reconocer que la población y la pobreza en el medio rural no son mera herencia del pasado sino resultado contemporáneo de los modelos de modernización sin campesinos, aplicados desde principios de 1982.

Los cinco millones de campesinos y campesinas –ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios– a los que se pretende excluir, son poseedores de 90 por ciento del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de propietarios privados.

Agenda de demandas/compromisos/acciones estratégicas

1.Moratoria a la siembra de maíz transgénico y al uso de tierras agrícolas y de alimentos para la elaboración de agrocombustibles.
2. Renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio a fin de rescatar la soberanía alimentaria, proteger los derechos de los campesinos, trabajadores agrícolas y migrantes así como el derecho a no migrar y los modos de vida rurales.
3. Exclusión del maíz, el frijol y demás cultivos estratégicos del TLCAN.
Establecimiento, con base en el artículo 131 constitucional, de un sistema permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y otros alimentos estratégicos, a efecto de que únicamente se autoricen importaciones o exportaciones en casos comprobados de desabasto o excedentes.
4. Aprobación por el Senado de la República de las minutas por las cuales se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación y se aprueba la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobadas en la Cámara de Diputados en la LXI y LIX Legislaturas, respectivamente.
5. Reformas legales para el reestablecimiento del papel rector del Estado para la estabilización de los mercados agroalimentarios, incluyendo precios mínimos garantizados y la constitución y administración de una reserva estratégica de alimentos, con funciones de regulación de los precios al productor y al consumidor y para garantizar la seguridad alimentaria del país.
6. Reforma al artículo 27 constitucional a efecto de garantizar y fortalecer la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de pueblos indios y ejidos y comunidades; y, creación de la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino y establecimiento de un Programa especial de fomento a la producción campesina y sustentable de alimentos que incluya: inversiones públicas estratégicas para el desarrollo productivo, precios justos para el productor, control de precios a los insumos, subsidios a la capitalización de las unidades de producción, acceso universal a créditos y servicios financieros, asistencia técnica, desarrollo tecnológico, infraestructura de almacenamiento y transporte, etcétera. Programa especial que deberá incluir acciones afirmativas para abatir la desigualdad, la exclusión y la discriminación en contra de pueblos indios, mujeres y jóvenes rurales.
7. Programa especial para la creación de empleos rurales por medio de inversiones públicas estratégicas para el desarrollo productivo y social en el sector rural (caminos, tramos ferroviarios, electrificación, infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego, conservación del agua y suelo, reforestación comunitaria, manejo sustentable de la cubierta forestal; hospitales, centros de salud, escuelas, espacios deportivos y culturales, etcétera).
8. Programa especial para eliminar la desnutrición y anemia infantil y materna al 2015.
9. Programa de acciones contra la concentración oligopólica y las prácticas anticompetitivas en el mercado agroalimentario.
10. Ciudadanía plena y democracia en el medio rural. Combate frontal al clientelismo y al corporativismo. Apoyo y fomento (productores, campesinos, mujeres, jóvenes, jornaleros agrícolas, pobladores rurales, etcétera) al asociacionismo autónomo y autogestivo productivo y social a nivel local, en redes regionales, estatales y nacionales. Nueva relación con organizaciones rurales: autonomía y respeto a la pluralidad; no al clientelismo y corporativismo como en el viejo régimen.

Reflexión final: Otro campo es posible, otro mundo es posible

Rescatar el campo es oponerse a la desruralización que el capitalismo emprendió desde sus años mozos. Porque plantear una nueva y más justa relación entre agricultura e industria y entre el campo y las ciudades, es marchar a contracorriente de la ancestral tendencia del sistema a desarrollar al mundo urbano-industrial a costa del rural-agrario. Porque proponer e impulsar en la práctica una conversión agroecológica orientada a la sustentabilidad social y natural, es confrontarse con los patrones científico-tecnológicos depredadores del hombre y la naturaleza impuestos desde la primera revolución industrial. Porque reivindicar tierras, aguas, biodiversidad, saberes y cultura como bienes colectivos es hacerle frente a la compulsión capitalista de mercantilizarlo todo.

Porque reclamar el derecho a la alimentación y a un trabajo digno, pues comida y empleo no pueden ser dejados a los designios del mercado, es atentar contra el sagrado principio de la libre concurrencia. Porque concebir y edificar el “mercado justo” entendido como una relación no sólo económica sino principalmente social donde productores y consumidores acuerdan cara a cara, es un contrasentido, en un orden donde el mercado es por definición ciego y desalmado.

Porque levantar las banderas de la autogestión económico-social y la autodeterminación política dentro de un sistema donde se pretende que todos nos sometamos a los dictados del mercado y del Estado es un atentado a los principios del liberalismo individualista acuñados desde la Ilustración

Porque proclamar el “buen vivir” como opción a un “progreso” y un “desarrollo” siempre discutibles como conceptos y que además incumplieron sus promesas, es poco menos que una herejía.

Estas alternativas campesinas y muchas más, permiten avizorar algunos de los rasgos que deberá tener una modernidad otra. Altermundismo que en algunos es pura elucubración de cubículo mientras en el mundo rural es realidad en construcción, es utopía hecha a mano.

 

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Mexicano, universitario y emprendedor que está en búsqueda de soluciones que, poco a poco, puedan mejorar el mundo. En mi blog comparto reflexiones, críticas y propuestas de lo que leo, veo y escucho.

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