10. Estado de Bienestar y derecho a la felicidad

El bienestar social objetivo y responsabilidad primordial del Estado.

– Fortalecimiento del ingreso de las personas y los hogares. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Desarrollo de una economía social y solidaria. La política económica tendrá como objetivo primordial crear empleos decentes, con salarios justos y con seguridad social.

Calidad-de-vida-en-México

– Apoyos económicos a las personas y a los hogares. Estos se llevarán a cabo bajo los principios de universalidad, exigibilidad como derecho y progresividad. En un futuro buscamos contar con un pilar del Estado de Bienestar, el ingreso ciudadano universal, como derecho de todas y todos a contar con ingreso propio garantizado para avanzar hacia una vida digna.

– Garantizar la pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años y a todas las personas con discapacidad.

– Entrega de un ingreso ciudadano para los más pequeños, para los jóvenes y madres solteras.

– Garantizaremos el goce de los derechos sociales a la salud, la seguridad social y la vivienda.

– Proponemos elevar a rango constitucional del derecho a la alimentación. La construcción del Estado de Bienestar garantizará el derecho universal a la salud, la seguridad social y la educación pública.

Llevar a cabo un amplio programa de vivienda popular bajo los principios de vivienda digna y producción social del hábitat.

– Mejoramiento de las comunidades rurales y de los barrios urbanos marginales y populares. Llevaremos a cabo un intenso programa para mejorar la calidad de vida territorial en las zonas rurales y en los barrios populares y zonas marginadas de las ciudades. La prioridad será el acceso a servicios básicos, la recuperación de espacios públicos y la elevación de la calidad de los servicios.

– Acceso universal al agua potable y en la vivienda. Es un derecho humano de todos el goce del agua potable.

– Acceso al servicio de electricidad barata en los hogares.

– Construiremos la red de centros comunitarios para la prestación de servicios a las personas con discapacidad, fomentaremos los centros de día para las personas adultas mayores y los centros de artes y oficios para que los jóvenes desarrollen su creatividad, producción cultural y expresen sus valores y aspiraciones de vida.

– Programa de estancias infantiles públicas, gratuitas y de calidad. Las niñas y niños tendrán un gran lugar en las acciones que desarrollaremos, dejando atrás el actuar modelo de subrogación de servicios que ha conducido a tragedias como la de la guardería ABC de Hermosillo.

– Comedores comunitarios y populares. Fomentaremos redes de abasto popular y el establecimiento de comedores comunitarios y populares donde las personas y las familias puedan acceder a alimentos nutritivos, sanos y de bajo precio.

– Centros para la atención de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, constituye un grave problema social y una violación sistemática de sus derechos que impide su plena construcción como ciudadanas y limita severamente su derecho como personas. Por ello daremos prioridad a la atención de esta
problemática mediante la instauración de centros especializados que las atiendan, promuevan sus derechos y les permitan salir de esta condición.

– Propiciaremos el abatimiento de la pobreza de tiempo de las personas y las familias y posibilidades de convivencia familiar, actividades cívicas, participación social, estudios, acceso a la cultura, al deporte y el esparcimiento.

La educación pública en México

– Recuperar del sentido público, nacional, universal, gratuito y laico de la educación en nuestro país.

– La revisión de leyes y programas educativos para garantizar que la educación sea un derecho social y responsabilidad del Estado.

– Garantizar acceso a la educación a todos los mexicanos, sobre todo a niños y jóvenes.

– Aumentar los recursos a la educación básica, media y superior. Elevar la inversión en ciencia y tecnología. Destinar el 7 por ciento del PIB a estos objetivos.

– Una verdadera descentralización administrativa debe poner en cada escuela del país el presupuesto que requiere para su funcionamiento digno, así como los recursos para el pago a los maestros y maestras, el mantenimiento escolar y los requerimientos especiales de infraestructura.

– Un programa nacional de construcción de nuevos espacios educativos, con prioridad a escuelas y albergues para la población indígena y rural. Ampliación o construcción bachilleratos y universidades.

– Todos los estudiantes de educación básica, desde el preescolar hasta el bachillerato deben contar con los apoyos alimentarios, de salud y transporte que requieren para desarrollar su actividad escolar. Los materiales escolares (libros de texto, útiles y uniformes) deberán ser entregados en cada escuela de manera gratuita.

– Establecimiento de condiciones para el ejercicio de una práctica educativa libre de prejuicios e intolerancia. Garantizar el respeto de todos a su integridad y dignidad en el ámbito escolar; que las diferencias económicas, sociales, de género y culturales no sean impedimento para el desarrollo de las capacidades humanas, la solidaridad y el intercambio de experiencias y conocimientos que deben presidir todo acto de aprendizaje.

– En los objetivos, planes y programas de estudio reconocer y potenciar las aportaciones de intelectuales, científicos, artistas, pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones del país, orientadas a la reconstrucción de nuestra nación como libre y soberana, justa, democrática, constituida por regiones e identidades diversas, con un desarrollo sostenible, respetuosa de la soberanía de otros países e internacionalmente solidaria con las causas de los pueblos del mundo.

– La educación deberá desarrollar al máximo la capacidad y habilidades físicas, intelectuales y artísticas de los estudiantes. Así mismo, garantizará que los estudiantes indígenas tengan materiales educativos y enseñanza en su propia lengua. El conocimiento de nuestras civilizaciones originarias y de alguna de sus lenguas se convertirá en obligatorio en todos los niveles educativos.

– La formación y actualización de los maestros y su participación activa en la elaboración de una nueva propuesta educativa debe ser una alta prioridad del desarrollo educativo del país.

– El Estado garantizará salarios y condiciones de trabajo de los maestros dignos. Buscará acuerdos con el magisterio que garanticen la integración de plazas, horarios y adscripciones para dar lugar a plazas de tiempo completo con plenos derechos laborales. Se estimulará a los docentes a que realicen sus tareas en zonas indígenas y rurales, así como por el cumplimiento de sus obligaciones al frente de sus grupos.

– La evaluación del sistema educativo deberá tener por objetivo principal apoyar a los estudiantes y maestros que lo requieren para el cumplimiento de los objetivos de enseñanza aprendizaje. El sistema educativo evaluará periódicamente su desempeño y aportaciones a la solución de problemas nacionales, regionales y locales.

Todos los niveles educativos deberán desarrollar planes y programas específicos para garantizar la seguridad, la protección de la vida y la integridad de la comunidad escolar. Cada escuela establecerá una agenda para liberar a los estudiantes y profesores de la violencia, las adicciones y los comportamientos antisociales. La escuela se convertirá en el espacio prioritario de desarrollo y convivencia comunitaria en todos los rincones del país.

Garantizar el derecho a la salud como responsabilidad del Estado

– Una política de salud en el marco del Estado Social. El mejoramiento de las condiciones de salud y la disminución de la desigualdad ante la enfermedad y muerte dependen de una política social solidaria, redistributiva y universal.

– Garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud y a los medicamentos. El derecho universal a la protección de la salud, a tratamientos oportunos o a medidas preventivas a través de las instituciones públicas.

– Crear una cultura de la salud y un nuevo modelo de atención. Ante la mercantilización de la salud, el nuevo modelo de atención se erigirá sobre la educación, promoción y prevención, para crear una nueva cultura de salud, contribuyendo al desarrollo de las capacidades y potencialidades bio-psíquicas, individuales y colectivas. Pone énfasis en las acciones de salud pública y de seguridad sanitaria para proteger la salud de todos. Prepara a la sociedad y a los servicios de salud para abatir los costos de salud en las epidemias, los desastres naturales e industriales, u otros eventos que pudieran tener un saldo masivo de afectados. Ofrece a las personas una atención integrada que enlaza “la prevención-detección y control tempranos-tratamiento oportuno-rehabilitación” de la enfermedad.

– Un Servicio único de Salud público. Nos proponemos construir gradualmente un Servicio único de Salud a través de la fusión entre los servicios médicos de seguridad social y los de la SSA-SES, manteniendo y ampliando el acceso y los derechos de todos. Ampliar la infraestructura pública de salud y garantizar personal suficiente, equipos, medicamentos y otros insumos; tanto en las instituciones de seguridad social como en los servicios estatales de salud.

– Planeación estratégica con criterios de igualdad y necesidad. Satisfacer las necesidades de salud y disminuir la desigualdad geográfica. Acercar los servicios a la gente; establecer redes para facilitar el acceso a los servicios requeridos y garantizar el seguimiento del paciente.

– Reorganizar y fortalecer a las instituciones públicas. Desterrar la corrupción, la simulación, el burocratismo y la indiferencia. Esta tarea difícil y compleja, empieza por mostrar el compromiso social e institucional de los altos funcionarios y su capacidad técnico-científica de entender y resolver problemas. Requiere garantizar condiciones adecuadas de trabajo para el equipo de salud y de atención a los ciudadanos. El propósito es prestar servicios de calidad integral y crear una nueva ética de atención al público, razón de ser y sostén de la institución pública.

-Una política con participación ciudadana y control social sobre los servicios. La construcción de una nueva cultura de salud y la supresión del burocratismo requieren de la participación ciudadana que vigile el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones públicas y ejerzan un control social propositivo, para lo cual se requiere de elementos de conocimiento y de información oportuna.

– Una política de formación de recursos humanos e investigación en salud. El sistema público de salud es una gran institución educativa donde los futuros profesionistas y especialistas se forman en colaboración con las universidades públicas. Es preciso eliminar la idea de que los estudiantes y residentes son mano de obra barata. Es un deber de la institución pública dar certeza a los pacientes de sus tratamientos. La investigación requiere ampliarse en las instituciones de salud con la diversificación de la investigación clínica y el fortalecimiento de los comités científicos y de bioética.

– Una política de financiamiento suficiente, estable, solidario y equitativo. Para cumplir con el derecho a la protección de la salud se requieren recursos financieros suficientes y estables. El Seguro Popular se eliminará pero su presupuesto se mantendrá para beneficio de todos. Se programará un incremento anual sostenido en el presupuesto total de salud. El presupuesto se etiquetará para infraestructura, personal, insumos y medicamentos con un ejercicio equilibrado, eficiente y transparente que evite el desvío y despilfarro de recursos y la corrupción. El presupuesto se utilizará además en un inversión estratégica para fortalecer la capacidad nacional de producción de medicamentos, insumos médicos y tecnología básica.

La construcción del Servicio Único de Salud incluirá la adecuación de los mecanismos recaudatorios fiscales para su financiamiento y las reglas para la distribución de éste sobre la base de necesidades de salud. En cuanto se alcance un sistema un sistema fiscal justo y progresivo, se cumplirá con el propósito de un financiamiento solidario de la salud.

El derecho a una pensión y un nuevo sistema de pensiones.

– Garantizar la pensión universal para todos los adultos mayores. Es viable financieramente, en cualquier escenario de crecimiento económico su monto no sería más que entre 0.4 a 0.5% del PIB durante los próximos treinta años. Es mucho menos de lo que los contribuyentes estamos pagando como país a causa de la reforma privatizadora de las pensiones del IMSS e ISSSTE. Con un nuevo modelo económico con crecimiento y generación de empleo no habría ninguna dificultad de sostener la pensión porque México tiene cuenta con su bono demográfico favorable.

– Una política que elimine las pensiones de privilegio. Cancelar las altísimas pensiones y prebendas de los altos funcionarios públicos, incluyendo las pensiones vitalicias exorbitantes del Banco de México o la Suprema Corte de Justicia.

– Una política que rescate los fondos de pensiones de las Afore. Los fondos de pensiones son públicos por su origen y por su estatuto legal. Su administración por parte de las Afore y por las compañías aseguradoras especializadas en pensiones sólo es una intermediación con cargo a la pensión de los trabajadores. Cada peso que ellas cobran por la administración se quita a la pensión del trabajador. No se justifican los altos costos de promoción y la toma de ganancias. Que las Afore sólo puedan cobrar comisión sobre el incremento real del valor de los fondos invertidos por ellas ajustado por la inflación. El cambio más importante es poner los fondos bajo una administración pública eficiente y transparente tal como se hizo en Argentina para proteger los fondos pensionarios.

– Una política que construya el Instituto Nacional de Pensiones. La recuperación de los fondos de pensiones de las Afore y el establecimiento de la pensión alimentaria universal redundaría en un sistema público integrado de pensiones. La mejor opción es que la administración de todo el ciclo pensionario –recaudación, inversión de fondos y pago de las pensiones— estuviera a cargo de un Instituto Nacional de Pensiones descentralizado lo que reduciría los gastos de operación del sistema. La reglamentación de este instituto debe ser muy estricta para reducir los márgenes de discrecionalidad, para certificar el conocimiento técnico y la plena transparencia en su operación. El nombramiento de los directivos debe garantizar una alta competencia profesional y solvencia moral. El instituto contaría con los mecanismos necesarios de fiscalización y supervisión para impedir desviación de fondos y prácticas indebidas.

– Una política de pensiones contributivas dignas. El nuevo sistema de pensiones contributivas será de reparto, solidario y redistributivo. Abriremos un gran debate nacional sobre los criterios para la pensión y la edad para acceder a ella. Como principio básico proponemos que sea una pensión proporcional a la contribución pero con un techo máximo lo que contribuye a la equidad y la solidaridad. Para que la pensión tenga el monto suficiente para una vida digna habría que revisar distintas alternativas de financiamiento. Existen varias alternativas entre ellas la posibilidad de sustituir parcialmente la cuota por un impuesto de seguro social o volver a la cotización patronal proporcional al salario que se eliminó en las reformas. También habría que establecer esquemas compensatorios en el caso de introducir la jubilación por edad en vez de años de servicio. Todo sistema de pensiones depende de una economía que genere empleo y pague salarios remuneradores. Por ello es necesario analizar el sistema de pensiones en su relación con una nueva política económica productiva y dinámica.

– Una política de inversión productiva y social de los fondos de pensiones. Por ley se especificaría el tipo de inversión permitida para garantizar su impacto social y productivo así como el nivel de rentabilidad requerida. Los billones de pesos depositados en el fondo de pensiones constituyen una fuente de financiamiento para nueva infraestructura productiva; para la expansión y diversificación de las actividades de PEMEX; para construcción de hospitales y universidades. Estas inversiones sustituirían la emisión de instrumentos financieros gubernamentales de alto rendimiento que actualmente son los que garanticen una parte importante de las ganancias de las Siefore.

Con este esquema se podría garantizar que los fondos de pensiones efectivamente tuvieran un impacto sobre el crecimiento económico y la generación de empleo al tiempo que tengan un rendimiento suficiente. Nuestra propuesta alternativa es, como se puede observar, factible y no entraña mayores costos fiscales y más riesgos imponderables que el actual sistema. Tiene en cambio una eficacia social mucho mayor y cumple con el anhelo de garantizar a todos y todas una vejez menos precaria. Tendría que ser complementado con una solución institucional de los problemas específicos de cuidado, seguridad y sociabilidad de los adultos mayores que son problemas pendientes ante la nueva realidad del grupo creciente de estos ciudadanos y las transformaciones de la familia que tampoco están contempladas en el actual sistema.

Nuevo Pacto Social

Si el actual régimen político centraliza el poder en unos cuantos que tienen capturadas a las instituciones y si el modelo económico concentra la riqueza en ellos mismos, profundizando la desigualdad y la exclusión social; si la oligarquía ha roto el orden constitucional para perpetuarse en el poder y viola permanente los derechos del pueblo para mantener sus privilegios; los mexicanos debemos signar un nuevo pacto social con el propósito general de superar la pobreza, acabar con la desigualdad, establecer la democracia y la justicia respetando los derechos de todos y para terminar con la corrupción y la impunidad, la inseguridad y la violencia.

Esta reconstrucción de la nación desde los ciudadanos servirá para reconocer la pluralidad y forjar un país donde todos los mexicanos tengamos un sitio. La transformación que requiere México no será posible sin la participación de la gente, desde abajo. Esa suma de voluntades puede expresarse en la firma de un nuevo pacto social para renovar la vida pública de México, sería un logro mayor de la revolución de las conciencias a que hemos convocado, porque de esa manera garantizamos que el cambio sea verdadero, profundo y en beneficio de todos.

El derecho a ser felices y al bienestar son la inspiración fundamental del Proyecto Alternativo de Nación. Con ellas construiremos juntos, los caminos que conduzcan a la liberación de nuestra patria. Un México de todos y para todos. Un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo.

 

Mexicano, universitario y emprendedor que está en búsqueda de soluciones que, poco a poco, puedan mejorar el mundo. En mi blog comparto reflexiones, críticas y propuestas de lo que leo, veo y escucho.

Deja un comentario