4. Por una ética republicana y combate a la corrupción

La revolución de las conciencias y la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la política y devuelva a servidores públicos una vocación de servicio. El servicio público es una distinción en sí misma y no debe cumplirse a cambio de altas remuneraciones ni con derroches en el gasto del gobierno que ofenden a los gobernados.

Es un tema central de este proyecto de Nación el combate a la corrupción. Es un imperativo moral pero también es un instrumento para liberar importantes recursos públicos y destinarlos al desarrollo del país y al bienestar de la población.

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Propuestas y acciones

1. Correctivos a la democracia representativa.
– Más participación ciudadana;
– Más transparencia del poder formal y fáctico;
– Inaugurar métodos y procedimientos de la deliberación en la mayor parte de los ámbitos del poder público y en la sociedad;
– Establecer fuertes mecanismos de rendición de cuentas institucionales y sociales;
– Contrarrestar con medidas institucionales el poder de los poderes fácticos; y
– Democratizar instituciones como los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

2. Principios básicos de la democracia representativa.
– El poder público debe tener su origen en la soberanía popular;
– El poder debe estar limitado democráticamente; y
– El poder público se justifica y legitima en su ejercicio si garantiza los derechos humanos, tanto los de libertades civiles como los económicos, sociales y culturales.

3. La Auditoría Superior de la Federación y la fiscalización requieren de una profunda transformación para que pueda cumplir con la finalidad principal: lograr la rendición de cuentas de los servidores públicos
Esos cambios necesarios giran en torno a las siguientes elementos:
– Hacer de la Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo;
– Fortalecer su autonomía orgánica, de gestión, financiera-presupuestal y jurídica;
– Transparentar el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Hacienda y, el control económico financiero del Estado en todas sus fases y no sólo al final de los procedimientos como acontece ahora;
– Ampliar el universo de lo fiscalizado, esto es, el número de auditorías practicadas;
– Establecer instrumentos que permitan de manera regular el control previo y concomitante, no sólo a partir de denuncias sino de oficio, además de conservar el control a posteriori que hoy prevalece;
– Permitir que la ASF conozca con mayor amplitud de cuentas públicas del pasado – hasta cinco años- y sobre ellas realizar observaciones y recomendaciones, cuando no se hubiesen advertido irregularidades en el pasado;
– Otorgarle competencia a la Auditoría Superior para conocer y procesar responsabilidades administrativas respecto de los servidores públicos y, facultarla para consignar, directamente ante los jueces penales federales, los asuntos que así lo ameriten;
– Prohibir la constitución de fondos y fideicomisos en la administración pública;
– Darle el rango de ley al presupuesto de Egresos;
– Restringir las facultades de la Secretaría de Hacienda para alterar el presupuesto aprobado;
– Publicitar ampliamente las subvenciones, subsidios y bonificaciones fiscales que se otorgan a grupos y sectores, para que la sociedad tenga conocimiento cabal de a quién se beneficia por la vía tributaria;
– Lograr que la ASF cuente con autonomía constitucional, garantice un funcionamiento interno y administración transparente; todo de cara a la sociedad;
– Establecer mecanismos ciudadanos y de especialistas para fiscalizar a la propia ASF; y
– Darle competencias en la fiscalización de las participaciones federales a estados, distrito federal y municipios.

4. La transparencia y la publicidad de lo público debe ser maximizado.
– Toda información en poder de los órganos públicos debe ser objeto de revelación y que ésta presunción sólo puede obviarse en circunstancias excesivamente restringidas. Este criterio debiera estar previsto en la Constitución. El deber de información corresponde a cualquier órgano, poder, instancia de autoridad o de particulares cuando ejercen funciones públicas, manejan recursos públicos o se han beneficiado de algún modo de recursos públicos.
– Los particulares deben proporcionar información si ésta es necesaria para que las autoridades en el ámbito de sus competencias ejerzan sus atribuciones.
– Toda ley de acceso a la información debe proteger a los ciudadanos que denuncien situaciones irregulares.
– Se deben destinar recursos públicos a construir una cultura para una sociedad abierta en materia de información.
– Se deben limitar al mínimo las reservas y las excepciones para divulgar la información pública y sancionar severamente a la autoridad que niegue información. Los criterios para limitar o reservar información deben estar relacionados con un objetivo legítimo de interés público que se vea amenazado divulgar la información.
– No debe ser reservada información que tenga que ver con posibles actos de corrupción de autoridades; nunca debe reservarse información para proteger gobiernos o a sus funcionarios por situaciones embarazosas o de mal funcionamiento gubernamental. Nunca debe reservarse información bancaria, fiscal e industrial, propiedad intelectual, que impida el ejercicio de atribuciones constitucionales de órganos o poderes del Estado. Nunca debe reservarse información sobre cualquier violación a derechos humanos. Nunca deben reservarse información sobre el incumplimiento de obligaciones legales de servidores públicos, juzgamiento erróneo o violatorio de los derechos de gobernados, las conductas deshonestas o las graves deficiencias de administración en relación con un órgano público. Y nunca reservarse información en leyes diferentes a la de la materia.
– Debe de salvaguardarse el principio de legalidad y por eso mismo, la determinación de reserva de información debe ser competencia exclusiva del poder legislativo. Los conceptos generales como secreto, reserva, riesgo para la nación, etcétera, deben definirse en la ley.
– Los órganos colegiados de cualquier poder u órgano funcionarán y deliberarán públicamente, a menos que el contenido de sus trabajos tenga que ver con información reservada en los términos expresos de la ley.
– Proteger a las personas contra toda sanción legal, administrativa o relacionada con el empleo, por la divulgación de información sobre conductas impropias en la función del gobierno. En particular debe sancionarse severamente cualquier represalia por divulgación de información que no sea reservada en los términos expresos y excepcionales de la ley.
– Publicidad en los procedimientos. El mandato de accesibilidad se refiere no sólo a la publicación de las medidas legales, administrativas y judiciales, sino al acceso al procedimiento que precedió a la promulgación o dictado de estas medidas. Sin procedimientos públicos es muy fácil presionar y cooptar a la autoridad, además se favorece que asuntos fundamentales que transcurren durante el procedimiento y que pueden tener incidencia en el resultado queden sin conocerse ni dimensionarse debidamente. La publicidad en el procedimiento es una fuente del derecho. La publicidad en el procedimiento ilustra sobre los motivos, razones, pruebas y variadas circunstancias que suelen ser decisivas en el resultado. Por ello, es grave que los procedimientos no se transparenten, sobre todo cuando se trata de asuntos públicos, servidores públicos y recursos públicos que no tendrían porque ser reservados.

5. La ley de austeridad republicana.
– Disminución de todas las remuneraciones de los servidores públicos de mandos superiores en 50 por ciento.
– Eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los tres poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales.
– No otorgar pensiones extraordinarias a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente y la eliminar las pensiones de los ex presidentes de la República.
– La contratación de prestadores de servicios profesionales en los cuerpos legislativos, deberá sujetarse a los techos presupuestarios autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo. La contratación sólo será posible cuando no exista un servidor público que realice la misma función en un centro o instituto de estudio o investigación en cualquiera de las Cámaras.
-Medidas de racionalidad en materia de recursos humanos. No se crearán nuevas plazas de estructura de mandos medios y superiores ni de los niveles homólogos a éstos, salvo que se justifique mediante un procedimiento abierto.
– Las autoridades federales aprobarán durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal, las disposiciones específicas para limitar al mínimo indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las contrataciones de personal eventual y de honorarios. Informarán de ello a los Órganos Internos de Control y a la Auditoria Superior de la Federación.
– No permitir la aprobación, reajuste y/o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.
– Los poderes federales, órganos autónomos y demás autoridades federales, deberán compactar las oficinas de las representaciones, delegaciones u oficinas en el extranjero, así como de las delegaciones, oficinas y representaciones estatales con las que cuenten.
– No permitir la compra de publicidad oficial en medios de comunicación electrónicos, sólo deben usarse los tiempos oficiales. En medios impresos debe quedar regulada en la ley.
– En cuanto a la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado, debe llevarse a cabo de manera consolidada en cada uno de los poderes o entes públicos, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad.
– Deben reglamentarse los gastos por concepto de telefonía celular, remodelación de oficinas, estudios e investigaciones, arrendamiento de vehículos, aviones, equipo informático y pago de alimentación para funcionarios de mandos medios y superiores.
– Todas las autoridades deben elaborar un Programa de Reducción y Ahorro en las partidas de servicios telefónicos, conducción de señales analógicas, agua, luz, combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes. Deberán informar de ello al Órgano Interno de Control y a la Auditoria Superior de la Federación.
– Los poderes y organismos autónomos federales estarán obligados a emitir normas que rijan la realización de viajes nacionales e internacionales, en las que indicarán:
a) Los servidores públicos que pueden viajar;
b) Los supuestos por los que se pueden autorizar;
c) La justificación por parte del servidor público para viajar al extranjero;
d) El monto máximo de los viáticos a otorgarse;
e) La comprobación de viáticos conforme a los requisitos fiscales establecidos, y
f) La prohibición expresa para utilizar servicios de transportación, alojamiento o alimentación de lujo o con precios superiores a los promedio del mercado. Asimismo, se reducirá el monto del gasto para la realización de viajes internacionales y nacionales.
– Las publicaciones, folletos, programas editoriales y similares de las autoridades, deberán ser impresas en papel reciclable, por lo que queda prohibido realizar publicaciones costosas y de lujo.
– Se deben eliminar las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, salvo las aprobadas por el Congreso, previa
justificación.
– Deben cancelarse la contratación de aeronaves privadas con cargo al presupuesto. Los servidores públicos de mandos superiores utilizarán preferentemente vuelos comerciales, con excepción de aquellos funcionarios encargados de la seguridad, la atención a desastres naturales, o a la atención médica de los habitantes.
– Los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales, deben desincorporar las aeronaves que sean parte de su patrimonio, salvo las vinculadas a tareas de seguridad pública y nacional, atención de desastres naturales o a la atención médica de la población.
– Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos, salvo en el caso del otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.
– Las dependencias no podrán adquirir por su cuenta vehículos oficiales para los servidores públicos federales.
– La Oficialía Mayor o equivalente en las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión, deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestario, con el objeto de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.
– Las contrataciones, adquisiciones y proyectos de inversión con carácter plurianual, deberán ser incluidas invariablemente en apartado específico y debidamente justificado del Proyecto de Presupuesto de Egresos que cada ejercicio fiscal se presente a la Cámara de Diputados, y la ejecución e implementación de los mismos queda sujeta a su aprobación en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
– No se podrán realizar transferencias presupuestales de gasto de inversión pública o capital a gasto corriente, ni de programas estratégicos y prioritarios a programas de orden administrativo. Las transferencias entre partidas del mismo capítulo de gasto deberán ser autorizadas invariablemente por los titulares de las instituciones federales e informarse a los órganos internos de control.
– El total de las transferencias internas de las instituciones, no deberá rebasar el 15 por ciento del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal en curso, en el caso de que las transferencias internas rebasen ese porcentaje, el órgano interno de control de la institución de que se trate, deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el momento en que el supuesto se actualice.
– Se debe exhortar a los estados y municipios a generar ahorros en gasto corriente no prioritario por el equivalente al 5 por ciento de las participaciones federales del Ramo 28 para entidades federativas y municipios.
– Debe quedar prohibida la constitución de Fideicomisos con recursos públicos. Los fideicomisos ya constituidos se sujetarán a lo siguiente:
a) No podrán incrementar sus fondos con recursos públicos.
b) Las autoridades federales deberán presentar en sus respectivas cuentas públicas, un informe pormenorizado sobre el comportamiento financiero y el destino de los recursos de los Fideicomisos con los que cuenten. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará en la Cuenta Pública Federal de cada ejercicio fiscal, un apartado con los informes de todos los Fideicomisos constituidos con recursos públicos.
c) La Secretaría de Hacienda elaborará y presentará a la Cámara de Diputados, en un término no mayor de 90 días naturales, un planteamiento con las siguientes características: Determinar y justificar la obligatoriedad y necesidad en la permanencia de Fideicomisos adscritos al sector público. Determinar y proponer aquellos Fideicomisos que deban ser extinguidos, derivado de que su constitución y operación no se justifique plenamente o no corresponda a fines públicos.
– Los poderes, los órganos autónomos y entes federales no podrán, por regla general, otorgar donativos. Se requerirá autorización expresa de la Secretaría de Hacienda para realizarlos, siempre y cuando sea para un fin público.
– Las autoridades federales están obligadas a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético y austeridad republicana:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución, las leyes y los reglamentos derivados de ella, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir la información;
f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar la información adquirida en el cumplimiento de sus
funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y racionalidad.
– Crear en el ámbito del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras instituciones, en los términos de éste y otros ordenamientos. Dicha Comisión será honoraria y estará integrada por 10 miembros, 6 de los cuales será diputados y 4 senadores, los cuales serán designados por resolución conjunta ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes.
Esa Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir las denuncias de ciudadanos o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios de la administración o representantes de cualquiera de los Poderes, contrarias a la ética pública.
b) Establecer un programa de revisión de sueldos, salarios y ajustes en el tabulador, que permitan una reducción sustantiva de los sueldos y prestaciones de la administración pública.
c) Establecer un programa de comparación de estructuras y de reducción del número de plazas de mandos superiores. Estudiar la posible duplicidad de funciones y cargos en las distintas ramas de la administración pública, y plantear la eliminación de los que resultaran excesivos o inútiles;
d) Establecer un escalafón de salarios para todos los funcionarios;
e) Proponer al Congreso de la Unión modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones del Estado y a perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales; y
f) Elaborar un informe anual, de carácter público, dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión.

El documento completo se encuentra aquí.

 

Mexicano, universitario y emprendedor que está en búsqueda de soluciones que, poco a poco, puedan mejorar el mundo. En mi blog comparto reflexiones, críticas y propuestas de lo que leo, veo y escucho.

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