Transparencia

Proyecto: Implementar mecanismos de transparencia para garantizar mejores rendimientos en las inversiones financieras de las entidades de cualquier nivel de gobierno, cuando participe en esas inversiones como intermediario el sector privado.

Resumen ejecutivo: Si bien el nivel de endeudamiento subnacional se ha incrementado
en los últimos años a niveles alarmantes, se ha descuidado un rubro fundamental de las finanzas públicas: la vigilancia en los instrumentos que las haciendas celebran para incrementar el rendimiento de sus activos.

Mientras que para los pasivos la transparencia radica en puntualizar la mecánica de su registro (las condiciones de contratación de las deudas), para los activos la transparencia debe abarcar la mecánica de su operación (en qué, cómo y dónde se invierte lo que se tiene), en especial cuando se recurre a la contratación de instrumentos financieros privados para incrementar la rentabilidad de los activos.

Un manejo sostenible de las finanzas públicas debe incluir mecanismos de mayor alcance en cuanto a transparencia y protección a los recursos públicos cuando estos sean administrados por entidades privadas.

Propuesta y líneas de acción
Cada entidad federativa contará con un Comité Consultivo de Inversión que apoyará al estado y a los municipios de éste en la vigilancia de sus recursos públicos. Dicho comité se integrará, por lo menos, por el titular del área financiera o de tesorería de cada entidad y por cuatro consejeros independientes que serán sustituidos cada tres años de forma escalonada. La Federación también contará con un comité de esta índole.

Sin perjuicio del dinamismo del mercado ni de la fluidez que deben guardar las operaciones financieras, todos los contratos o instrumentos celebrados por las entidades públicas para la optimización de sus activos, contarán con la vigilancia del Comité Consultivo de Inversión, que actuará como consejero de la entidad pública.

Si bien las operaciones y decisiones de gestión de una intermediaria financiera privada involucran márgenes de riesgo cuando otorgan discrecionalidad, los riesgos deben acotarse a que los recursos públicos sufran el menor menoscabo posible en caso de pérdida. En todo caso, las “razones de mercado” no deberán ser una excusa para justificar u ocultar los malos manejos de las inversiones de entidades gubernamentales.

Por tal motivo, se propone que en todos los contratos o instrumentos de cualquier índole que las entidades públicas celebren con intermediarios privados de cualquier nivel para procurar el mayor rendimiento de sus activos, se modifiquen los tradicionales alcances y términos de en qué invertir los fondos públicos. En estos deberán describirse los valores, papeles, fondos o productos que conformen el abanico de opciones en que se puede invertir, y se pactará el registro diario de dónde están siendo colocados los recursos, registro que estará a disposición de la entidad pública y de su Comité Consultivo de Inversión. Será motivo de terminación del  contrato respectivo el incumplimiento a esta provisión, y con penalidad, independientemente de otro tipo de consecuencias. La información que el intermediario proporcione deberá permitir que la entidad pública o ese comité puedan rastrear dónde están y han estado colocados sus recursos en todo momento, generando qué réditos y a qué costo. Con base en esto la entidad generará reportes públicos.

Para incentivar que las entidades asuman mayor control en la administración de sus haciendas, se propone que las partidas presupuestales federales para los estados y municipios solamente puedan darse en garantía de las obligaciones constitutivas de deuda pública de dichos estados y municipios cuando sometan a revisión de la SHCP la totalidad de los contratos suscritos respecto a sus activos, a efecto de que ésta verifique si han incorporado la medida aquí descrita. Los contratos a revisar serán los celebrados por la administración estatal o municipal en turno, pero también los asumidos por la administración inmediata anterior (sin ser retroactivo). Esto tiene la finalidad de activar la responsabilidad de las sociedades y legislaturas locales, ya que al final de su mandato, algún gobernador o presidente municipal pudiera no procurar una sana disciplina financiera pensando que su sucesor resolverá el problema.

De igual manera, cuando exista un daño o perjuicio en el pasivo de una hacienda pública, que sea resultado de un incumplimiento a los contratos o instrumentos celebrados, y que provoque el desbalance presupuestario donde se le pide a la Federación intervenir, el estado o municipio deberá acreditar que ha fincado las responsabilidades correspondientes y que está demandando la indemnización del quebranto en los términos del Título Quinto de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (“De las sanciones”).

Por otra parte, los estados y municipios que adopten con prontitud las medidas de transparencia aquí propuestas tendrán prioridad en cuanto a la programación y calendarización de los fondos federales que les correspondan en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. La SHCP tomará en cuenta la máxima transparencia y las medidas aquí descritas cuando celebre anexos a los convenios de coordinación fiscal, o atienda a las solicitudes excepcionales de estados y municipios; pudiendo considerar la necesidad de renegociar los términos de algunos convenios de coordinación según las condiciones de transparencia u opacidad de cada caso. Esta medida también contribuirá a uniformar la disciplina financiera de los estados y municipios, ya que no es justo tratar igual a quienes son disciplinados financieramente y a los que no.

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Mexicano, universitario y emprendedor que está en búsqueda de soluciones que, poco a poco, puedan mejorar el mundo. En mi blog comparto reflexiones, críticas y propuestas de lo que leo, veo y escucho.

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